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Opinión

mayo 2, 2019 Columna de opinión

REDISTRIBUCIÓN Y TRANSICIÓN: ¿UN MISMO PROPÓSITO?

Camilo Andrés Ardila Arévalo*

En las últimas semanas, el debate alrededor del problema de la concentración de la propiedad rural en Colombia ha vuelto a surgir por cuenta de la adquisición de baldíos a través de la figura de la prescripción adquisitiva de dominio. Las investigaciones adelantadas por la Universidad Nacional parecen indicar que la adjudicación de inmuebles baldíos a través de procesos de pertenencia, en lugar de haber contribuido a la democratización de la propiedad rural, ha servido para incrementar los niveles de desigualdad en el acceso a la tierra. Más aún, dicho estado de cosas revela, como ciertamente lo ha reconocido la Corte Constitucional en Sentencia T-488 de 2014, notables deficiencias en la información y el control efectivo por parte del Estado de la situación fáctica y jurídica de la propiedad en el campo colombiano.

En este sentido, la reducción de la extrema desigualdad, acentuada por la concentración de la tierra productiva, constituye no solamente uno de los objetivos más importantes para la construcción de sociedades más justas en general, sino que dicho propósito parece adquirir mayor urgencia y relevancia en sociedades severamente desiguales que buscan poner fin a un conflicto armado interno, como efectivamente sucede en el caso colombiano. De ahí que el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, haya establecido una serie de parámetros para el desarrollo de una Reforma Rural Integral. 

Sin embargo, medidas transicionales como la redistribución de tierras, las reparaciones transformadoras o las restituciones truncadas no han gozado de un lugar pacífico en el espectro discursivo de la justicia transicional. Después de todo, como bien lo señalaba Paige Arthur hace una década, el concepto mismo transición no fue inicialmente concebido para albergar las diversas demandas de redistribución socioeconómica que normalmente existen en cualquier sociedad. Por el contrario, su propósito estaba inicialmente delimitado en términos de permitir el paso de un estado de conflicto armado hacia la paz o la transición hacia la democracia tras el desmantelamiento de un régimen autoritario.  

En estas circunstancias, los esfuerzos por superar un conflicto armado podrían interpretarse grosso modo desde dos grandes perspectivas concernientes a lo que debería ser una transición hacia la paz tras un conflicto armado. En primer lugar, una versión minimalista del camino hacia la paz defiende una justicia para tiempos de transición que se restrinja a proveer los mecanismos necesarios para poner fin a la violencia generalizada y hacer frente las atrocidades de la guerra, sin poner en riesgo la existencia de una frágil paz en gestación. En segundo lugar, una noción más robusta de la justicia transicional parece comprometerse no solamente con poner fin a la violencia, sino que también promovería mecanismos de justicia de largo alcance con el fin de lograr una sociedad más justa hacia el futuro. Tal sería el caso de la transformación de las dinámicas de desigualdad socioeconómica y el reconocimiento de sectores de la población tradicionalmente oprimidos por razones de género, raza, orientación sexual, opinión política, entre otros.

Ahora bien, las voces que invocan esta interpretación más robusta de la justicia transicional parecen estar ganando mayor espacio en el universo discursivo de las transiciones hacia la paz. Algunos de sus defensores sugieren que, por un lado, la superación o reducción de las dinámicas de exclusión y desigualdad es la única forma posible de cimentar sólidamente una paz estable y duradera que evite el resurgimiento del conflicto armado. Mientras que otros, por otro lado, consideran la preservación de una situación de extrema desigualdad y exclusión como una situación injusta per se, tornando aquellas medidas más comprehensivas de justicia en parte indispensable de cualquier transición moralmente aceptable. Estas dos líneas argumentativas a favor de una versión más ambiciosa de la justicia transicional podrían denominarse en términos generales como justificaciones de orden instrumental e intrínseco, respectivamente.

En todo caso, lo cierto es que el compromiso adoptado por el Estado colombiano al interior del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera supone necesariamente abordar el problema de la concentración de la propiedad rural. Lo anterior, por cuanto, según lo han reconocido narrativas oficiales como el informe ¡Basta Ya!,el problema agrario de la concentración de la tierra ha estado íntimamente vinculado con los orígenes y desarrollo del conflicto armado interno en Colombia.

Por estas razones, la urgencia de adoptar medidas redistributivas con respecto al problema de la tierra en Colombia, reiterada ante la constatación de irregularidades judiciales como la adquisición de bienes baldíos a través de la prescripción adquisitiva de dominio, constituye no solamente un imperativo moral con el fin de construir una sociedad más justa en tiempos de normalidad institucional, sino que, para el caso colombiano e independientemente de las discusiones teóricas frente al funcionamiento de la justicia en contextos transicionales, adquiere especial importancia en el marco del camino hacia la paz. Que sea esta, entonces, una oportunidad histórica para avanzar en ambos objetivos simultáneamente.

* Abogado y filósofo. MSc International Political Theory y estudiante PhD Politics and International Relations, The University of Edinburgh.

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