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Opinión

marzo 18, 2019 Columna de opinión

Dos tesis sobre el trámite de las objeciones presidenciales

Por Jaime Córdoba Triviño*

Después de que el presidente Duque formuló sus objeciones al proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, la mayoría de los analistas discuten si se trata reproches de inconstitucionalidad o de inconveniencia. Sin embargo, la reflexión sobre el trámite que las objeciones deben surtir en el Congreso aún es precaria.

La formulación de este tipo de objeciones no es frecuente y, al parecer, las normas legales y constitucionales contienen algunas zonas de penumbra sobre el procedimiento. Por este motivo, resulta oportuno formular dos tesis:

La primera es que antes de pronunciarse de fondo y votar las objeciones, el Congreso tiene el deber constitucional de determinar si se trata efectivamente de objeciones por «inconveniencia». De acuerdo con las normas de la Constitución y la ley que regulan el tema de las objeciones, el Congreso no puede votar las objeciones formuladas por el gobierno sin establecer previamente y con certeza que se trata de objeciones fundadas en razones de impacto económico, político o social.

Desde la sentencia C-011 de 1994 la Corte Constitucional consideró que en el caso de los proyectos de leyes estatutarias, solo puede haber objeciones por inconveniencia cuando se ha surtido el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el articulado, como ocurre en este caso con la sentencia C-080 de 2018 en la que la Corte se manifestó sobre la totalidad del proyecto de Ley Estatutaria de la JEP.

La decisión final sobre la conveniencia o inconveniencia de una objeción presidencial, ciertamente, está en cabeza del Congreso de la República, pero primero debe discutir y determinar expresamente, en el marco del proceso de deliberación legislativa, que la objeción formulada por el gobierno efectivamente se enmarca dentro de esta categoría. En otras palabras, el Congreso antes de votar la conveniencia o inconveniencia de una objeción debe tener la convicción y seguridad de que su contenido se circunscribe a objeción de este tipo y no a otro. Solo después de hacerlo podría votar si declara fundada o no la objeción formulada por el presidente.

¿Por qué debe hacerlo de esta manera? Porque de acuerdo con los artículos 166 y 167 de la Constitución y lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias C-011 de 1994, C-634 y C-653 de 2015, así como el presidente, después del control previo de constitucionalidad, puede objetar una ley estatutaria exclusivamente por razones de inconveniencia, en la misma dirección, la competencia del Congreso está limitada y restringida al análisis de este tipo específico de objeciones. Si el Congreso no lo hace así, habrá decidido por fuera del ámbito de sus competencias y viciará la constitucionalidad del procedimiento legislativo.

La segunda tesis que quisiera someter a discusión está relacionada con la respuesta a la siguiente pregunta: una vez el Congreso determina que la objeción es por inconveniencia, ¿qué ocurre si una de las cámaras declara infundadas las objeciones?

El debate tiene origen en la interpretación del artículo 200 de la Ley 5ª del Congreso que establece que “cuando una cámara hubiere declarado fundadas las objeciones presentadas por el Gobierno a un proyecto de ley, y la otra las encontrare infundadas,

se archivará el proyecto”.

¿Significa esto que, si una de las cámaras declara infundada la objeción, debe archivarse todo el proyecto de Ley estatutaria? Por supuesto que no. La propia Corte dijo que esa posición es irrazonable, pues, no tiene sentido archivar todo el proyecto, cuando las objeciones están dirigidas contra normas específicas y particulares.

¿Significa entonces que deben archivarse los artículos objetados del proyecto de ley estatutaria? La respuesta también es que no. A pesar de lo que algunos han afirmado considero que esta también es una interpretación inconstitucional de la norma que ni siquiera debería ser contemplada. Sostener que debe archivarse el texto de las normas objetadas, supondría asumir que el Gobierno, con el beneplácito de una sola cámara puede derrumbar todo el proceso deliberativo de formación de la ley que, vale la pena recordar, se dio en ocho debates previos surtidos en una sola legislatura en el Congreso. Esto constituiría una clara afectación al sistema de pesos y contra pesos y una interferencia del ejecutivo en las competencias del Congreso.

Entonces, ¿cómo debería entenderse el artículo 200 de la Ley 5ª? Una lectura sistemática de esta norma, desde una perspectiva constitucional, debería asumir que cuando la norma dice que “se archivará el proyecto”, no se refiere al proyecto de ley estatutaria en su conjunto, ni tampoco a los textos de los artículos objetados, sino al proyecto de la objeción formulado por el gobierno. Esta interpretación no solo tiene un sentido lógico, sino que protege los principios constitucionales que rigen la deliberación democrática en el Congreso, así como la importancia y la racionalidad del proceso de configuración del derecho.

*Miembro de IusDigna

www.iusdigna.org

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